Motivos para la movilización: los “pequeños” desajustes del sistema electoral español

La joven democracia española vive un momento de difícil definición y comprensión. Los partidos políticos asombrados de la movilización de una sociedad civil que parecía dormida, y sin esperanza alguna de que llegara su ansiado despertar, se ven desbordados por una ciudadanía que ha dicho: ¡basta! Algunos de los representantes políticos parecen no salir de un estado de perplejidad y lo que es seguro es que ninguno se atreve a adoptar una postura contraria frente a los movilizados del 15-M por el coste electoral que esto pueda acarrear. Alguno incluso, como el líder del Partido Popular, ha querido dar una lección a los desorientados españoles y españolas sobre qué significa democracia señalando que “en democracia, a los gobiernos malos, se les quita con el voto”, mientras que el otro gran partido trata de mostrarse cercano consciente de que muchos de los acampados y simpatizantes son cercanos a la ideología progresista. Pero ni uno ni otro entienden, o quieren entender, lo que realmente pasa por la mente de los indignados.

Como llegan a reconocer algunos de los políticos los indignados tienen motivos de sobra para estarlo, pero los tienen por factores y causas que trascienden lo que estos señalan. Entre las causas más relevantes se encuentra, por supuesto, el dramático número de parados o la pérdida de ingresos de sectores de la población tal y como apuntan los conservadores, o como señalan los progresistas, la indignación viene motivada también por la participación de imputados políticos como cabezas de listas de alguna de las grandes comunidades autónomas españolas. Pero la indignación viene motivada por otros muchos aspectos. Los ciudadanos y ciudadanas están cansados de ver el continuo flujo de insultos entre los dos partidos mayoritarios, están cansados de la falta de propuestas y de deliberación política entre los partidos mayoritarios, de la falta de atención hacia las opiniones y preocupaciones de los ciudadanos y de la postura de los dos grandes políticos ante la crisis económica. Una postura en la que uno parece no aceptar la parte de responsabilidad que le corresponde y el otro parece no interesarle su deber de proponer propuestas para paliar la crisis ya que es consciente que la situación actual catapultará a su líder, dos veces derrotado ya en las urnas, hacía su ansiada meta de la Moncloa.

Pero esto todavía no explica todos los factores de la indignación de la ciudadanía. Su enfado está vinculado con el propio proceso electoral y el sistema representativo español. A los ciudadanos y ciudadanas no se les suele escuchar aunque se les recuerda periódicamente, cada cuatro años, la importancia de que depositen el voto. Algunos, como el antes citado, consideran este hecho el sentido propio de la democracia pero ni siquiera este pequeño momento de “gloria política” que se siente durante los pocos segundos que dura el depositar un voto (y que algunos, por cierto, no poseen por ser extranjeros), satisface actualmente a los ciudadanos y ciudadanas. Y no les ánima porque son conscientes de las pocas opciones que se les presentan. Sólo dos grandes partidos aspiran a representar las voces plurales de la sociedad, el sistema electoral y el proceso de votos está constituido de tal manera que beneficia a los partidos mayoritarios. El resultado es que los conservadores no tienen más opción que votar a un partido, apoyado no tanto por la creencia en el buen hacer de su líder y la calidad de su programa político sino que en gran medida porque no quieren que ganen los “otros” y otro tanto sucede con los progresistas que, aunque con más opciones donde elegir, prefieren realizar un voto útil para lograr que los “otros” no venzan.

La tendencia al bipartidismo ahoga las voces plurales existentes en la sociedad y nos empuja al descenso de la calidad de las élites políticas. La ciudadanía ve reducida la posibilidad de castigar a aquellos que lo hacen mal o de premiar a los que lo hacen bien. Incluso en la comprensión de la democracia limitada al simple ejercicio del voto el proceso actual funciona mal gracias a la ley electoral. Y es que, por más difícil que pueda suponer el contabilizar los votos en un país donde habitan más de cuarenta millones de ciudadanos, no existe justificación alguna capaz de convencer de la validez de un sistema en el que el tercer partido más votado, Izquierda Unida, con 969.871 votos obtenga únicamente 2 escaños en el parlamento o que otro partido como UPyD con un total de 306.078 votos logre sólo 1 escaño. Este hecho supone que IU necesita la friolera de 484.935 votos para obtener un escaño o que UPyD precisa del conjunto de sus 306.078 votos para lograr dicho propósito mientras que al PSOE le vale con 66.797 papeletas por escaño y al PP 66.739. La dispersión de los votos de los dos partidos perjudicados es la razón técnica que explica este resultado y a la vez permite entender que los votos regionalmente concentrados de partidos como el PNV sirvan para que este obtenga 6 escaños con 306.128 votos.

La ciudadanía comprende que este hecho supone una limitación de su ejercicio político, ya que la realidad es que el resultado de las urnas en número votos no se ven reflejados en la configuración del parlamento. No todos los votos valen igual y no todos los partidos tienen las mismas facilidades. El problema radica que son los dos grandes los que pueden cambiar y mejorar las reglas del juego pero evidentemente no están interesados en modificar un sistema que les beneficia directamente. Cambiar la ley electoral supondría la entrada de más voces en el parlamento, ayudaría a una mayor rendición de cuentas de los políticos hacia los ciudadanos, aumentaría las posibilidades de elección de voto, facilitaría la renovación constante de los dirigentes políticos y empujaría a los políticos a realizar una deliberación sensata sobre cuestiones políticas puesto que se verían forzados, en numerosas ocasiones, a llegar a acuerdos sobre materias concretas.

Esta es una de las principales exigencias de la ciudadanía que hoy está reunida en las plazas de España. Quieren modificar la ley electoral, romper la barrera electoral del 3 (o del 5)%, establecer otros mecanismos de computo de voto, introducir sistemas de listas abiertas y, en definitiva, una serie de medidas que logren: ¡acabar con el bipartidismo! A pesar de la gran heterogeneidad de opiniones entre los manifestantes, este es el lema que se repite constantemente entre unos ciudadanos indignados con su clase política, con mucha razón.